Miedo me da meterme de patas en la polémica sobre la
necesidad, o no, de derogar la figura de la prisión
permanente revisable. Un debate ahora de actualidad a raíz de la propuesta
de ley presentada en el Congreso de los Diputados,
para derogarla, del Partido Nacionalista
Vasco (PNV), que cuenta con el apoyo de toda la oposición, con la excepción
de Ciudadanos que, como casi
siempre, no se sabe si suben o si bajan.
No me metería en este pantanal, siendo lego en materia
jurídica, a no ser por la profunda convicción democrática de que las leyes
deben inspirar a la Justicia para que su aplicación esté cercana a la lógica. Y
digo esto, preocupado ante la insidiosa utilización electoralista que está
haciendo el Partido Popular (PP) de
la citada cuestión y tras constatar que algunas personas de mi entorno han
mostrado su posición favorable al mantenimiento, no sólo de la prisión permanente revisable, sino
también, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para defender incluso la reimplantación de la pena de
muerte en determinados supuestos.
Se está haciendo populismo con la prisión permanente revisable. |
Un escandaloso retroceso para los derechos humanos en España, que están siendo pisoteados
por una plaga de insensatos, que la gran mayoría consideramos inadmisible y que
obliga a dar la cara por un sistema democrático que costó a muchos sangre sudor
y lágrimas, frente a los que, llevados por los encendidos y lógicos sentimientos
que provocan crímenes horrendos, quieren practicar la venganza en lugar del
imperio de la ley.
Hay muchos argumentos para desmontar las razones que alegó
el pasado domingo, día 4 de febrero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no sólo para mantener la
prisión permanente revisable, sino también sus anunciados propósitos de
aumentar los supuestos para la aplicación de esta figura jurídica y que tienen
un indudable tufo electoralista. Los populares buscan caladeros de votos para
intentar salir de su actual situación demoscópica.
Unas medidas que están a la espera de que el mismísimo Tribunal Constitucional resuelva el
recurso presentado contra la modificación del Código Penal, que incluyó, cuando el PP gozaba de mayoría absoluta, la figura de la prisión permanente revisable y a la que se oponen distinguidos y
numerosos juristas que mantienen que el dolor no es Justicia.
“La preeminencia obtenida por los intereses de las víctimas
y el populismo han dado respetabilidad social a ciertos sentimientos cuya
demanda de satisfacción en otros tiempos se comprendía pero no se atendía; me
refiero a los sentimientos de venganza tanto de las víctimas y sus allegados
como de la población en general”, escribía el catedrático José Luis Díez Ripollés.
La Asociación de
Jueces para la Democracia ha hablado alto y claro y ha calificado la prisión permanente revisable, en
realidad una cadena perpetua a pesar
de los intentos del PP de desligar
ambas cosas, como contraria a la propia Constitución
Española por ser incompatible con el derecho a la reinserción social y la
reeducación del penado, recogidos en el artículo 25 de la Carta Magna.
Al contrario de lo que muchos piensan, el sistema punitivo
español es uno de los más severos de nuestro entorno y lo demuestra el bajo
índice de criminalidad existente, frente al de los países donde sí existen
penas como la que es objeto de la polémica, pese a que en España se producen los niveles de internamiento penitenciarios más
largos. Por su parte, la Unión
Progresista de Fiscales (UPF) ha reprochado la posición del Gobierno y del PP por proponer las nuevas
medidas en lugar de dotar a la Justicia de medios suficientes que permitan ofrecer
una respuesta penal ágil.
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